Unos y otros coinciden en que este es el mejor momento para construir la paz, ya que la coyuntura nacional y regional la favorecen. No será fácil desmontar medio siglo de guerra que ha destruido el tejido social y creado intereses espurios pero lo suficientemente poderosos para bloquear cambios.
La visita de Obama a Costa Rica, con motivo de la reunión del SICA, no fue más que una pantalla para cualquier otro motivo, excepto la reunión del SICA, por cuanto en realidad nunca hubo intención de llevar a cabo tal encuentro.
La sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra el ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado, emitida por un tribunal del sistema de justicia guatemalteco el 10 de mayo de 2013,
Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.
La “guerra contra la droga”, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, hundió a México en una grave crisis. Más allá del dramático balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotráfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de huérfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazón del sistema político mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupción del Estado mismo.
En Guatemala, dos procesos actuales dan esperanza a miles de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la época de la guerra que arrasó el país durante más de 36 años. El ex general Efraín Ríos Montt está bajo proceso por genocidio, y este lunes 21 de enero continúan las audiencias en su contra.
“La aprobación de la LGV se inscribe dentro de una estrategia militarista y represiva de la seguridad pública, donde se mantiene la espiral de violencia y la impunidad entre delito organizado y Estado, que no han cambiado”, señala el autor de este artículo, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
