En el marco del viaje del presidente Barack Obama a México y Centroamérica, cientos de migrantes y actvistas por los derechos humanos se manifestaron en cuatro ciudades en contra de las políticas de deportación del gobierno de Obama y a favor de una reforma migratoria justa que permita la reunificación de familias.
El debate sobre la reforma migratoria ha vuelto al centro del escenario público después de que el presidente Obama anunciara en agosto el programa de Acción Diferida para Inmigrantes que Llegaron en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), adquiriendo mayor importancia a raíz del interés hacia los votantes latinos tras las elecciones de noviembre, y culminando con la expectación ante una propuesta de ley sobre inmigración que iba a presentar un grupo de senadores conocido como la “Banda de los 8”.
Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.
La “guerra contra la droga”, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, hundió a México en una grave crisis. Más allá del dramático balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotráfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de huérfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazón del sistema político mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupción del Estado mismo.
Estados Unidos encarcela al más alto porcentaje en el mundo de su población. Aunque sólo tiene el 5 por ciento de la población del planeta, 25 por ciento de la población mundial encarcelada se encuentra tras las rejas en este país. En su mayoría son negros o latinos, drogadictos e inmigrantes.
“La aprobación de la LGV se inscribe dentro de una estrategia militarista y represiva de la seguridad pública, donde se mantiene la espiral de violencia y la impunidad entre delito organizado y Estado, que no han cambiado”, señala el autor de este artículo, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Juventina Villa sabía que sus días estaban contados. El líder de una organización ambientalista en las montañas de Guerrero, México, ella y otros activistas han estado en la mira de la delincuencia organizada y de fuerzas del gobierno durante años. La campaña 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género llega a su fin el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras las organizaciones de mujeres en todo el mundo están pidiendo una mayor protección para las defensoras de los derechos humanos y justicia para quienes han sido asesinadas. En la mayoría de los casos, los crímenes contra ellas siguen impunes.
