CIP Americas

El 7 de marzo cayó uno de los más sólidos mitos de los uruguayos: la confianza en las empresas estatales. Ese día quienes abrieron los grifos sintieron un olor nauseabundo y los que tomaron mate o café sintieron un sabor extraño. La empresa estatal encargada del suministro de agua, OSE (Obras Sanitarias del Estado), debió reconocer “un episodio” de contaminación con algas en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a seis de cada diez uruguayos.

Desde enero del 2010 en la región del Bajo Aguan en Honduras ha habido una oleada de asesinatos de miembros del movimiento campesino y de derechos de tierra.
Por lo menos 88 miembros y simpatizantes del movimiento campesino han sido asesinados, junto con 5 personas no relacionadas al movimiento, que aparentemente fueron confundidas por campesinos. Dos campesinos fueron asesinados más recientemente, el 16 de febrero: Santos Jacobo Cartagena fue baleado mientras esperaba el autobús y José Trejo, quien estaba abogando por que se hiciera una investigación del asesinato de su hermano el 22 de septiembre del 2012, recibió un tiro mientras manejaba.

Frente la intransigencia del gobierno de Sebastián Piñera ante el amplio abanico de demandas sociales que levantan estudiantes, indígenas, pobladores y trabajadores, se constata la confluencia y la politización de los diversos sectores en rechazo al modelo económico y político heredado de la dictadura de Pinochet.

Cada seis años, México atraviesa un largo periodo de paroxismo político llamado elecciones presidenciales. La campaña electoral secuestra las rutinas de la vida pública, los medios se vuelven monotemáticos y la propaganda política cubre el paisaje de las grandes ciudades y de los pueblos lejanos.

Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.

La “guerra contra la droga”, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, hundió a México en una grave crisis. Más allá del dramático balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotráfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de huérfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazón del sistema político mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupción del Estado mismo.

En un mundo cada vez más multipolar, los países sudamericanos y africanos del Atlántico Sur dieron un gran paso para fortalecer la seguridad y la cooperación, previniendo la siempre potencial intervención de potencias extra-regionales.