En una audiencia el 12 de marzo, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua, Rose-Marie Antoine, concluyó que el país centroamericano tiene “una tasa inaceptablemente elevada de violencia sexual”. Y resaltó que “hay seguramente la necesidad de medidas más proactivas por parte del Estado”.
La “Caminata por la Dignidad y la Soberanía Paso a Paso” reunió organizaciones sociales, obreras, campesinas e indígenas en Honduras. Las feministas hondureñas de participaron para apoyar las demandas generales e insistir en el fin de la violencia contra las mujeres y el pleno reconocimiento de sus derechos.
El 8 de marzo, Venezuela tuvo un emotivo funeral y se prepara ya para las elecciones de abril. La mayoría predice que el vicepresidente y ahora presidente interino Nicolás Maduro, elegido por Chávez como su sucesor, ganará fácilmente. Ahora todos los ojos estarán puestos en Washington para ver si defiende otro valor reiterado por el presidente Obama, el derecho a la autodeterminación. ¿Podrán los “programas de promoción de la democracia” estadunidenses, bajo NED, IRI y otro esquema de cambio de régimen, resistir la tentación de inmiscuirse en las elecciones del 14 de abril?
Monsanto tiene un mapa para conquistar el mundo y México se encuentra en el centro de él. Durante casi dos décadas, la corporación transnacional dedicada a la fabricación de plaguicidas utilizados en todo el planeta ha estado tratando de apoderarse del mercado mundial de semillas con cultivos modificados genéticamente (MG). Si tuviera éxito, la mayoría de los alimentos producidos en el campo procederían de compras anuales de semillas transgénicas de Monsanto. Las plantas mutantes crecerían adictas a los herbicidas de la trasnacional. Las variedades locales desaparecerían, y en su lugar los alimentos MG —rociados con productos químicos— podrían llenar los estantes de supermercados y tiendas de abarrotes.
Cada seis años, México atraviesa un largo periodo de paroxismo político llamado elecciones presidenciales. La campaña electoral secuestra las rutinas de la vida pública, los medios se vuelven monotemáticos y la propaganda política cubre el paisaje de las grandes ciudades y de los pueblos lejanos.
Si no seguimos llamando la atención a la realidad de la guerra–como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha hecho desde que nació–dejaremos en la indefensión a las víctimas actuales y a las víctimas futuras, de una guerra que oficialmente se ha declarado terminada.
La “guerra contra la droga”, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, hundió a México en una grave crisis. Más allá del dramático balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotráfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de huérfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazón del sistema político mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupción del Estado mismo.
