En época de crisis alimentaria, la disputa por el maíz se recrudece. El escenario es el combate entre una cultura que gira en torno a la producción material y simbólica del maíz, valioso patrimonio agrogenético, social e histórico de la humanidad, y el entramado de intereses mercantiles y políticos que ven en este grano prodigioso sólo otro elemento para aumentar sus ganancias y poder mediante el saqueo.
Los amargos designios de Monsanto han dado otro golpe a los mieleros mexicanos que habían parado en seco a la trasnacional en su propósito de sembrar 253 mil hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán que pondría en riesgo la apicultura de la región, principal sustento de más de 25 mil familias.
En beneficio de las trasnacionales que monopolizan semillas y patentes agrícolas, una nueva amenaza legislativa pende sobre productores y consumidores mexicanos desde el 14 de marzo, cuando la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto enviado por el Senado que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV).
Las formas de vida de los pueblos originarios son una alternativa para solucionar la crisis del clima porque como dice Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana: los pueblos indígenas durante milenios conservaron un planeta vivo, en cambio, los países industrializados lo han recalentado apenas en cien años en nombre de un desarrollo incierto.
“Lo que viene aquí es peor que el resultado de Cancún porque el nivel de reducción de emisiones ahora se va a atornillar definitivamente para esta década.”
La alfombra a cuadros verde y ocre del Valle del Yaqui oculta con su belleza la tragedia del noroeste de México, devastada por el uso intensivo de agrotóxicos que ha contaminado agua, suelos y aire, y ha afectado mortalmente la salud de las personas.
Mientras el derecho a la alimentación es reconocido con rango constitucional, las condiciones de pobreza, hambre y marginación en el país se han exacerbado al grado de que para poner en práctica este derecho se requerirá transformar radicalmente el modelo económico.
