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por Luis E. Lander
y Margarita López Maya | 23 de abril de 2002

 

Pocas cosas ocurren en Venezuela que no tengan, directa o indirectamente, que
ver con el petróleo. Este país es uno de los principales
productores de hidrocarburos en el mundo y su papel en el mercado energético
internacional es aun más importante. Ha sido una fuente segura
de abastecimiento para los consumidores del hemisferio occidental y muy
especialmente para los EE.UU. Por ello es indispensable evaluar las incidencias
que el petróleo ha podido tener en el fallido golpe de estado del
11 de abril.
Desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999, se
inició una reforma en la política petrolera que había
predominado en la década anterior. La nueva orientación
rescataba aspectos esenciales de la larga tradición petrolera venezolana.
En los días iniciales de la nueva gestión se tomaron iniciativas
para recuperar el papel de la OPEP como actor regulador del mercado internacional.
Al asumir el gobierno, los precios internacionales de los hidrocarburos
estaban en su punto más bajo en años. El precio de la cesta
venezolana de crudos y derivados se había desplomado a $8,43 el
barril como promedio para ese mes. Con las iniciativas promovidas por
el nuevo gobierno los precios comenzaron a recuperarse de inmediato y
la OPEP a fortalecerse. En reconocimiento al activo papel de Venezuela
en este proceso, Caracas fue sede, en septiembre de 2000, de la segunda
conferencia de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros
de la organización. Además, el primer ministro de Energía
y Minas del gobierno de Chávez fue primero designado como presidente
de la OPEP y luego Secretario General de esa organización.
Aunque comprender a cabalidad una reforma petrolera puede resultar complejo,
son cuatro los rasgos básicos de la reforma en marcha que nos interesa
destacar en este análisis.
Primero, busca recuperar para el Ejecutivo Nacional, por intermedio del
Ministerio de Energía y Minas, el papel rector en el diseño,
definición e implementación de las políticas públicas
referidas al sector. A partir de la nacionalización misma en 1976
y con más fuerza en la pasada década con la llamada Apertura
Petrolera, la alta gerencia de PDVSA fue desplazando al Ministerio en
el ejercicio de este crucial rol.
Segundo, persigue alcanzar niveles apropiados de ingresos fiscales de
origen petrolero. Para ello la reforma privilegia la regalía sobre
los impuestos. Cobrar regalía es mucho más sencillo que
cobrar impuestos y resulta más transparente. El monto de la regalía
depende de los volúmenes producidos y del precio en el mercado
internacional, mientras que los impuestos a las ganancias pasan por determinar
los montos de esas ganancias mediante complejos procesos de auditoría.
La reforma busca revertir un proceso que se había venido dando
en Venezuela, dentro del contexto de la liberalización económica,
donde los ingresos fiscales de origen petrolero, que se centraban en impuestos
a la ganancia y reducían la regalía, venían disminuyendo
de manera sostenida. No debe pasarse por alto que el ingreso fiscal petrolero
es la forma como los sectores venezolanos no petroleros participan de
la principal industria del país.
En tercer lugar, la reforma procura también fortalecer a la OPEP
y compromete a Venezuela a respetar los compromisos soberanamente adquiridos
con la organización. Este es un eje clave para la articulación
favorable de Venezuela en los actuales procesos de globalización.
En cuarto lugar, la reforma, sin negar la participación de capitales
privados en el sector, frena las tendencias a la privatización
de PDVSA. Estos dos últimos aspectos son los que a nuestro juicio
generan más roces con el gobierno de los EE.UU. Más adelante
ampliaremos por qué.
En el diseño y definición de esta reforma el gobierno de
Chávez ha tenido claridad. Pero en su implementación no
han sido pocos los errores y torpezas.
Los dos pilares legales de la reforma, la Ley de Gas y la de Hidrocarburos
Líquidos, fueron aprobados mediante facultades otorgadas por el
Poder Legislativo al Ejecutivo (leyes habilitantes) que sacaron de la
discusión pública los contenidos de estas leyes y de la
reforma en su conjunto, dificultando que el ciudadano común identificara
los intereses en pugna. En tres años de gestión, el presidente
Chávez ha nombrado, incluyendo al nombrado esta semana, a cinco
presidentes de PDVSA. Con algo de razón, la empresa se siente insegura,
incómoda e inestable. Con el nombramiento de una nueva directiva
presidida por Gastón Parra en febrero de este año, parte
significativa de la alta gerencia entró en abierta confrontación
con el gobierno.
Sectores de la llamada “nómina mayor”, es decir los
niveles más altos de la gerencia, se erigieron como dirigentes
en este conflicto. Alegando que se había violentado los criterios
tradicionales de nombramiento de los integrantes de la directiva de PDVSA
al no respetarse “la meritrocracia”, terminaron por convocar
un paro que fue respaldado por las centrales sindical y empresarial (CTV
y Fedecámaras). Sin embargo, tras el conflicto por los nombramientos,
se escudan otros de mayor trascendencia. La alta gerencia se muestra renuente
a renunciar a las cuotas de poder que alcanzó con la Apertura Petrolera.
No parecen dispuestos a aceptar que el centro de conducción de
las políticas públicas petroleras vuelva al Ministerio.
Como muchos han señalado, la empresa ha llegado a ser “un
Estado dentro del Estado” y eso ahora con la reforma está
en riesgo. Tampoco parecen dispuestos a rendir cuentas en forma trasparente.
La empresa también ha sido señalada como una “caja
negra” por haber, de manera sistemática, dificultado a su
dueño, el Estado venezolano, conocer como se administran sus finanzas.
En los acontecimientos de la segunda semana de abril que desembocaron
en el fallido golpe, PDVSA tuvo un rol protagónico. Como ya mencionamos,
el conflicto de PDVSA sirvió de plataforma para el lanzamiento
de la huelga general. La marcha programada por la oposición para
el fatídico 11 de abril tenía como lugar de llegada la sede
de PDVSA en Chuao. Y fue en esa sede donde de forma inesperada e irresponsable
se decide continuar la marcha hasta el Palacio de Miraflores, con el explícito
propósito de “sacar a Chávez”.
En la agenda del efímero gobierno de facto los asuntos petroleros
tuvieron la mayor importancia. Entre los escasos nombramientos que el
“presidente” Carmona Estanga llegó a anunciar estuvo
el de Guacaipuro Lameda como presidente de PDVSA. Fue éste el presidente
removido en febrero por su oposición a la recién promulgada
Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos. Lameda expresó
que se iniciaría una recuperación agresiva de mercados,
lo que conllevaría inexorablemente a una confrontación con
la OPEP y su inevitable debilitamiento. Por su parte la asamblea de gerentes,
en medio de un clima festivo y desbordante de alegría, anunció,
en clara reafirmación de que la política petrolera venezolana
se hacía en la empresa, el desconocimiento de acuerdos internacionales
de Venezuela proclamando “ni un barril de petróleo más
para Cuba”. Esa asamblea también procedió a hacer nombramientos
en la misma empresa, usurpando facultades del Presidente de la República
y de la Junta Directiva legalmente constituida.
La posición del gobierno de EE.UU. en torno a la reforma petrolera
en marcha en Venezuela ha sido cuando menos contradictoria. Venezuela
no ha dejado en ningún momento de ser un suplidor seguro y estable.
Aquí los intereses de ambos países coinciden plenamente.
Para EE.UU. el petróleo venezolano es de muy difícil reemplazo
y para Venezuela es ese país, por mucho, su principal cliente.
Además, la política de estabilidad de los precios dentro
de la banda fijada por la OPEP, que tiene en Venezuela a un decidido actor,
favorece a EE.UU. en su condición de productor de hidrocarburos.
Producir hidrocarburos en EE.UU. es más costoso que en otras regiones
del mundo, razón por la cual si los precios bajan en demasía
muchos de sus pozos resultarían no competitivos. En contraste,
en su condición de consumidor, altos precios no son vistos con
simpatía. Sin embargo, para nadie es un secreto que en el actual
gobierno de EE.UU. los intereses del sector petrolero están muy
bien representados y no parece que va ha ser este gobierno quien impulse
políticas dirigidas a abatir los precios. No es aquí donde
deban esperarse mayores tensiones entre ambos países aunque es
innegable que la relación directa de los EE.UU. con la gerencia
de PDVSA resultaría más fluida que con funcionarios de este
gobierno ya que los primeros siempre han privilegiado los intereses de
la empresa sobre los de la nación.
Pero hay otras áreas del negocio petrolero donde los intereses
de los EE.UU. son más uniformes y distintos a los de Venezuela.
Ha sido una posición tajante del actual gobierno venezolano su
compromiso con la OPEP. Sin duda la mayor relevancia de esta organización
en el escenario mundial es parte de los haberes de Chávez y su
política petrolera. Con esto no solamente se ha logrado la recuperación
de los precios de los hidrocarburos en el mercado mundial, sino que además
se ha fortalecido a la organización y a los países que la
integran. El fortalecimiento político de la OPEP y sus países
miembros no puede sino causar aprehensión, cuando no abierto malestar,
en el gobierno de los EE.UU.. No debe olvidarse que forman parte de la
organización países que son tenidos por ese gobierno como
sus “enemigos”: Irak, Libia, Irán.
Adicionalmente, la reforma petrolera no puede verse fuera del proyecto
político del Presidente Chávez. Con todas sus insuficiencias,
ambigüedades, improvisaciones e indefiniciones, es un proyecto que
procura, sin rupturas radicales, construir una alternativa frente a los
modelos pautados por la globalización neoliberal. Por ello sectores
importantes de América Latina y el mundo siguen con atención
e interés este ensayo. Por el contrario, la primera potencia del
mundo no puede verlo sino con disgusto.

Margarita López Maya es historiadora y profesora en la Universidad
Central de Venezuela. Luis E. Lander es ingeniero y profesor en la Universidad
Central de Venezuela.

 

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Publicado por el Programa
de las Américas del Interhemispheric Resource Center (IRC). Todos
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Cita recomendada:
Luis E. Lander y Margarita López Maya, ” Venezuela, golpe
y petróleo”, Programa de las Américas (Silver City,
NM: Interhemispheric Resource Center, 23 de abril, 2002).
Ubicación
en Internet:

http://www.americaspolicy.org/commentary/2002/sp_0204venezuela.html

 

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