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Nunca más

Desde Argentina hasta Guatemala, “Nunca más” ha servido como grito de justicia para las víctimas de las atrocidades masivas y la represión política sistémica que han asolado América Latina y el Caribe durante décadas. El 16 de enero de 2011, la esperanza de que algún día este llamamiento pudiera ser atendido en todo el mundo volvió a alzarse cuando uno de los más conocidos déspotas del último siglo, Jean-Claude Duvalier, regresó a Haití después de 25 años en el exilio.

También conocido como “Baby Doc”, Duvalier aterrorizó Haití entre 1971 y 1986, continuando donde lo dejó su padre François “Papa Doc” Duvalier. El ejército de Duvalier y los temidos escuadrones de la muerte «Tonton Macoutes» golpearon, encarcelaron, torturaron y asesinaron sistemáticamente a los oponentes políticos del régimen. Cerca de 50.000 haitianos fueron asesinados bajo el reinado conjunto de padre e hijo. Duvalier y su derrochadora esposa, Michèle Bennett, robaron cientos de millones de dólares mientras los haitianos se morían de hambre, obligando a Haití a depender de la ayuda extranjera.

Implicado en varias investigaciones y procesamientos por parte del gobierno, Duvalier fue arrestado a su regreso y acusado de delitos tanto económicos como políticos. Grupos de derechos humanos presentaron ante el gobierno haitiano numerosas pruebas de los abusos del régimen. En 1988, una corte federal de los Estados Unidos halló a Duvalier responsable de sustraer fondos públicos por valor de más de 500 millones de dólares y en una auditoria forense de corrupción, dirigida por la firma norteamericana Stroock & Stroock & Layan a instancias del gobierno haitiano, se constató el robo de más de 300 millones de dólares. Después de su auditoría, Stroock concluyó que los Duvalier se habían “comportado como si Haití fuera su reino feudal y los fondos y rentas del Estado, su propiedad privada”. Cajas con documentación que acredita la responsabilidad penal de Duvalier llevan esperando más de dos décadas en despachos de Haití y Estados Unidos.

A los documentos legales se sumó el abundante historial público de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Duvalier, recopilado por grupos de observadores como Amnistía Internacional. Como «presidente vitalicio», el repertorio de Duvalier incluía la tortura y la desaparición de disidentes políticos en la tristemente célebre prisión de Fort Dimanche, además de otros crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas de Haíti y los «Tonton Macoutes» a las órdenes de Duvalier. Mientras todavía ostentaba el poder, Duvalier recibió llamadas de atención por los abusos cometidos durante su gobierno a través de las visitas, las investigaciones y los comunicados realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios norteamericanos y los grupos de observación de derechos humanos. A pesar de perdonar a determinados presos políticos después de la condena esporádica por parte de algunos actores internacionales, Duvalier no pudo negar la continuidad del legado represivo de su padre

Pero como ya saben las víctimas de Pinochet en Chile y las de otros tantos dictadores de las décadas del 70 y el 80, a menudo los hechos no son suficientes para avanzar en el camino de la justicia.

El pasado mes de mayo, después de unas elecciones consideradas fraudulentas, el candidato de la derecha Michel Martelly se convirtió en el nuevo Presidente de Haití. Las declaraciones de Martelly proponiendo una amnistía para Duvalier, sus lazos históricos (y actuales) con personas leales al dictador y su fallida nominación de Bernard Gousse como Primer Ministro, el cual se había manifestado públicamente en contra de iniciar un proceso contra Duvalier y dirigió la persecución política cuando era ministro de Justicia de Haití durante el «gobierno interino» entre 2004 y 2006, muestran la falta de voluntad política para conseguir llevar a Duvalier ante la justicia.

Los abogados de Duvalier han utilizado los espacios radiales del país para afirmar erróneamente lo extemporáneo del proceso. De acuerdo al derecho penal de Haití, las diligencias iniciadas por los delitos económicos de Duvalier pueden continuar debido a la acción judicial del caso, en curso desde 1986 hasta 2008. Por otro lado, los asesinatos políticos, las desapariciones y la tortura constituyen graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, los cuales no prescriben nunca de acuerdo a lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como muestra de apoyo al procesamiento de Duvalier, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay, declaró: “Haití tiene la obligación de investigar las bien documentadas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el mandato del Sr. Duvalier, e interponer acciones legales contra los responsables de las mismas”. Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una declaración realizada en mayo de 2011, recordó al gobierno haitiano su deber de investigar y juzgar los crímenes de Duvalier.

A pesar de lo apremiantes que resultan los hechos y fundamentos de derecho, potencias extranjeras como Estados Unidos o Francia, antigua colonizadora de Haití, han permanecido en silencio. Y lo que es aún peor, el Departamento de Estado de los Estados Unidos todavía tiene que desclasificar la documentación que acredita el conocimiento por parte de Duvalier de los abusos cometidos por su régimen, lo que podría ser determinante para establecer su responsabilidad penal. Mientras desempeñaba gustosamente un papel decisivo en las recientes elecciones celebradas en Haití obligando al comité electoral a invertir los resultados obtenidos en la primera vuelta, el Departamento de Estado declinó recordar al país su obligación de procesar a Duvalier según el derecho internacional, al considerar que llevar a Duvalier ante los tribunales es “un asunto que concierne solo a los haitianos”. No obstante, la asistencia a Duvalier por parte del ex-congresista estadounidense Bob Barr, es vista como una señal de apoyo de los servicios de inteligencia de ese país, los cuales han sostenido la impunidad de dictadores de derechas en Latinoamérica y el Caribe durante décadas.

Algunos dentro de la comunidad internacional consideran equivocadamente que el procesamiento de Duvalier podría restar valor a los esfuerzos para reconstruir Haití tras el devastador terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010. Por el contrario, dicho procesamiento reforzaría el respeto por la legalidad vigente de quienes supervisan la reconstrucción del país. El proceso penal estimularía la necesaria inversión en el sistema judicial haitiano, cuyo fortalecimiento desalentaría la violencia política y los delitos económicos, al tiempo que brindaría un espacio tanto a las víctimas de violaciones de derechos humanos como a la comunidad empresarial para hacer valer sus derechos.

Los países cuyas tropas han participado en las operaciones de paz de las Naciones Unidas en Haití lideradas por Brasil (MINUSTAH, por sus siglas en francés), lo han hecho con la pretendida intención de dotar al país de estabilidad y, tras el terremoto, distribuyendo ayuda humanitaria. (En Latinoamérica, estos países incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.) Los llamados de la sociedad civil haitiana han advertido que la MINUSTAH representa una amenaza para la soberanía de Haití y debe ser responsabilizada por la propagación del cólera y el abuso sexual generalizado de mujeres y niños haitianos.

El modo más efectivo de ayudar a Haití para aquellos países que participan en la MINUSTAH sería suministrar el apoyo necesario para exigir responsabilidades a quienes abusan flagrante y violentamente de su poder a expensas de la población haitiana. Los verdaderos aliados de Haití deberían hacer un llamamiento a la administración Martelly para asegurar el procesamiento justo y efectivo de Duvalier por sus crímenes, y los gobiernos latinoamericanos que ya han emprendido acciones legales contra otros dictadores deberían prestar apoyo técnico a la Justicia haitiana.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano observó recientemente que Latinoamérica sigue estando en deuda con Haití por haber abierto “las puertas de la libertad” en la región, al llevar a cabo la primera revolución de esclavos negros que tuvo éxito en el mundo. ¿Qué mejor manera de reparar la enorme deuda contraída con Haití que atendiendo el llamado de «Nunca más»?

Jeena Shah, abogada de derechos humanos, fue miembro de Lawyers’ Earthquake Response Network (2010-2011) con el Bureau des Avocats Internationaux en Haití, donde trabajó en el caso contra Jean-Claude Duvalier. Colabora con el CIP Programa de las Américas www.cipamericas.org/es.

Traduccion: Sara Plaza Moreno

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