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La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia inmediatamente después de una sesión especial de la OEA el 22 de julio pasado, marcó el aumento de la enemistad entre el ex-presidente de Colombia Álvaro Uribe y el presidente de Venezuela Hugo Chávez.

La controversia entre los dos altisonantes líderes desde polos políticos opuestos no es nada nuevo. Lo que crea el drama –y las posibilidades– de este nuevo giro en los acontecimientos, es lo que llamaríamos el telón de fondo.

Uribe se quedó sin un futuro político desde que se le negó una reforma constitucional que le habría permitido ser candidato para un tercer período. Su sucesor, Juan Manuel Santos, asumió el poder el 7 de agosto. La toma de posesión de Santos señala el fin del reinado de ocho años de Uribe, cuyas estrategias militares para combatir narcotraficantes y grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) fueron respaldadas por el gobierno de Estados Unidos por un monto de alrededor de 7 mil millones de dólares. Aunque produjeron algunos avances en la disminución de asesinatos y secuestros en Colombia, las estrategias fracasaron en lograr la paz, y el conflicto colombiano sigue reclamando vidas y causando tensiones por toda la región.

Santos representa al partido de Uribe, el Partido de la U, de cuyo apoyo gozó durante las elecciones. ¿Por qué Uribe buscaría crear una crisis diplomática en la víspera de la toma de posesión de su heredero? Al precipitar la ruptura de relaciones con Venezuela, Uribe parece estar expresando sus dudas de que su succesor político satisfaga sus propias políticas de línea dura. En su acto de salida, Uribe quiso dejar asegurada la continuación de una confrontación que ha dejado a Colombia con pocos aliados en el Sur.

La OEA, en tela de juicio como foro de denuncias

Uribe se despidió con un tiro contra Venezuela aprovechando la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al término de un prolongado elogio a los logros de su gobierno, el delegado colombiano Luis Alfonso Hoyos declaró que aproximadamente 1,500 miembros de la guerrilla “usan el territorio venezolano con impunidad” para lanzar ataques contra Colombia y dedicarse al trasiego de drogas y armas. Hoyos hizo una presentación de lo que afirmó constituían sus pruebas, y pidió que se abriera una investigación.

El delegado venezolano Roy Chaderton cuestionó las evidencias presentadas y señaló lo que consideraba el empleo tendencioso de la OEA, contestando que si cualquier tema bilateral podía ser el centro de una sesión especial, la igualdad en el trato exigiría solicitar una delegación que investigara la cesión del gobierno colombiano de siete bases militares a Estados Unidos para uso militar. Venezuela manifestó que el gobierno colombiano no ha supervisado adecuadamente la región fronteriza y señaló la dificultad de patrullar más de 2,212 kilómetros de frontera que en su mayor parte es selva.

Ese mismo día, el presidente Chávez anunció que rompía relaciones con Colombia en defensa de la “dignidad” de su país.

Varios países se habían opuesto a la sesión especial diciendo que sólo serviría para exacerbar las tensiones. Venezuela la calificó de “circo mediático” y afirmó que la presión estadunidense y colombiana habían usado el tema para forzar un enfrentamiento en la sede de la OEA, al mismo tiempo que agradeció a los embajadores que habían advertido contra el empleo del foro multilateral para ventilar las quejas colombianas.

Ecuador se quejó acerbamente del uso que se dio a la OEA para las acusaciones colombianas. El Ministro del Exterior Ricardo Patiño no pudo resistirse al “se los dije” cuando la sesión acabó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.

“Le dije (al Secretario General de la OEA José Insulza) que no debía discutirse el tema de una manera tan precipitada, pero ahora cambiemos “precipitada” por “irresponsable”. Este es el resultado de no prestar atención a lo que está pasando en la región”, adujo Patiño, añadiendo que Insulza estaba advertido de que la sesión podía conducir al corte de relaciones diplomáticas y no estuvo a la altura de su deber al no evitar tal resultado.

Parece que el Secretario General de la OEA dañó relaciones con muchos países al haber cedido a la presión colombiana para que se convocara a la sesión especial. Y aparentemente, reconoció su paso en falso en un comunicado de prensa en el que retrocedió ante la idea de que pudiera encabezar ninguna medida fuerte contra Venezuela: “La OEA ha expresado su disposición para mediar, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero quienes deben decidir esto son las dos naciones de mutuo acuerdo. Esta Organización nunca debe imponerse sobre la soberanía de las naciones, ya que su carácter es multilateral, y no supranacional.”

Otro momento definitorio de la política exterior estadounidense

Durante la sesión especial, la Embajadora de Estados Unidos Carmen Lomellin revisó una serie de resoluciones sobre el compromiso de combatir el terrorismo en la región –tema que no estaba a discusión- e instó a ambos países a encontrar “soluciones aceptables”, sin convocar específicamente a que se formara una comisión investigadora de la OEA.

El Departamento de Estado mediante su vocero, P.J. Crowley, respaldó una investigación internacional, pero declaró que la jurisdicción podía ser la OEA o la UNASUR –la organización regional de naciones sudamericanas preferida por Brasil. En conferencia de prensa el 23 de julio, criticó al gobierno venezolano:

“Venezuela, entre otros estados de la región, tiene responsabilidades muy claras de combatir el terrorismo en el área y apoyar los esfuerzos tanto de la OEA como de la ONU de combatir el terrorismo dondequiera que surja; específicamente es por nuestras inquietudes sobre los lazos entre Venezuela y las FARC que en los últimos años no hemos certificado a Venezuela como plenamente en colaboración con Estados Unidos y otros países en lo que toca a estos esfuerzos antiterroristas.”

Al preguntársele si el hallazgo de “albergar a terroristas” ameritaría una invasión como ocurrió con Afganistán, el vocero respondió que los dos casos no podían compararse totalmente y que al gobierno de E.U. le gustaría que el problema se resolviera de manera pacífica. No obstante, la sugerencia de otra acción bélica con el pretexto de terrorismo quedó alarmantemente al descubierto.

El gobierno de Brasil ha dejado bien clara su preferencia de que la Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR) se ocupe del asunto, sin la influencia de Estados Unidos. Proclamó que América del Sur es una “región de paz” y reafirmó que en primer lugar los problemas entre países deben enfrentarse en forma bilateral.

La controvertida transición colombiana

Una explicación de la denuncia pública que Uribe hizo de Venezuela precisamente antes de dejar el poder es que al dirigente colombiano le preocupa que el nuevo presidente se muestre demasiado conciliador hacia la administración de Chávez. Un editorial en La Semana postula que se calculó cuidadosamente la oportunidad “de sabotear cualquier intento del nuevo presidente Santos de normalizar las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez.”

Se ha mencionado con insistencia que Santos favorece un ablandamiento en las relaciones entre ambos países. El presidente electo ha hecho varias declaraciones que indican su intención de reparar las relaciones con el país vecino.

Tiene un fuerte incentivo para hacerlo. Aunque los gestos ofensivos hacia Chávez han servido para consolidar las relaciones con E.U. y congregar a los votantes colombianos alrededor de la estrategia de la “seguridad democrática”, están demostrando ser un desastre para la economía. Hace poco el gobierno colombiano informó que las exportaciones colombianas a Venezuela cayeron 71% entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período del año pasado, lo que representa una pérdida de aproximadamente 350,000 empleos.  El Ministerio de Hacienda colombiano calcula que el déficit comercial con Venezuela le costará a la economía medio punto de crecimiento el presente año, que se agrega a un punto entero el año pasado. Venezuela congeló el comercio con su vecina en protesta contra el acuerdo de Colombia con E.U. por el cual le cedió el acceso a siete bases militares colombianas.

El ex funcionario del Departamento de Estado bajo Bush Roger Noriega, crítico feroz de Chávez y ardiente partidario de Uribe, señala asimismo que el ataque de Uribe le ha complicado la vida a Santos, pero desde el otro lado de la valla ideológica.

“Irónicamente, uno de los gobiernos que la jugada diplomática de Uribe ha abochornado es el de su mismo sucesor Juan Manuel Santos, quien toma posesión el 7 de agosto. Algunos observadores opinan que Uribe está enfadado ante la prisa de Santos de mostrar su independencia haciendo citas y tomando iniciativas que benefician a los rivales más acérrimos de Uribe. Otro punto de vista es que Uribe quería asegurarse de que su sucesor no buscaría contemporizar con el peligroso Chávez.” Noriega concluye que Estados Unidos debería apoyar esta “jugada” respaldando las acusaciones del ex presidente contra Venezuela.

Una ofensiva de E.U. y Colombia contra Venezuela justo en esta transición política encierra enormes riesgos para la estabilidad regional. Uribe siempre ha dependido de la reacción visceral de la derecha internacional, de fuerzas dentro del gobierno estadunidense y del sentimiento nacionalista anti Venezuela en Colombia para erigir un miedo de Chávez que se funda más en una percepción creada que en un análisis frío. Es obvio que la enorme mayoría de las FARC, el ELN y fuerzas paramilitares de derecha declaradas “terroristas” operan dentro de Colombia.

Según informes de prensa, el gobierno venezolano está ahora consultando en países de toda América del Sur un plan de paz que presentará durante la reunión de UNASUR del 29 de julio. Reuters citó así al Ministro del Exterior venezolano Nicolás Maduro: “Venezuela… asiste con la propuesta de un plan de paz. Tenemos que resolver el problema fundamental, que es la guerra en Colombia.”

Las consecuencias

En las semanas venideras se verá cómo se desarrolla este drama. El tiro de despedida de Uribe puede haber ido directo a su propio pie. En lugar de encerrar a su sucesor en una posición de línea dura hacia Venezuela, la denuncia pública ha movilizado los esfuerzos sudamericanos para buscar la paz y la conciliación; no concentrándose exclusivamente en el papel que podría tener Venezuela al dar refugio a guerrilleros sino con la amplitud de miras para promover pláticas de paz para poner fin al conflicto en Colombia.

La ruptura con Venezuela ha atizado el debate en los medios de comunicación colombianos acerca del costo económico de las hostilidades y ha hecho que hasta los grupos empresariales conservadores se cuestionen sobre la cordura de alejar a su nación de su vecino y principal socio comercial. Ello indicaría una presión hacia un enfoque más pragmático de parte del nuevo gobierno.

La OEA puede estar cavando su propia tumba al permitir que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se aprovechen de este foro multilateral para perseguir sus agendas ideológicas y escenificar gestos grandilocuentes. Su enfoque desequilibrado en este caso desgastó su credibilidad y ha dado crédito al llamado para fortalecer foros alternativos para la diplomacia latinoamericana como lo es la UNASUR, en donde no se incluya a Washington. Ésta no es necesariamente una consecuencia negativa, ya que fomenta soluciones regionales a problemas regionales y relaciones más equitativas basadas en la diplomacia en lugar de en un mayor poderío militar.

Una vez más, Colombia y Estados Unidos han apartado a la potencia regional, Brasil, y a otros aliados. Si el gobierno de E.U. no apoya los esfuerzos sudamericanos ajenos a la OEA por resolver esta crisis, la falla hemisférica originada en los Andes se ampliará, en perjuicio de la población de todos los países implicados.

Si el llamado a un plan de paz en Colombia encuentra apoyo en América Latina y dentro del nuevo gobierno de Santos, Estados Unidos tendrá que definirse entre respaldar totalmente los esfuerzos por la paz o proseguir las estrategias militares del Plan Colombia. Además de Venezuela, Brasil y la UNASUR (bajo el liderazgo de Néstor Kirchner) están en pláticas para lograr soluciones pacíficas. Probablemente muchas naciones latinoamericanas apoyarán un plan, y si los gobiernos de Colombia y Estados Unidos rechazan estos esfuerzos, deberán responder acusaciones de obstruir los proyectos regionales para la construcción y mantenimiento de la paz.

Uribe ha afirmado que no “caerá en la trampa” de pláticas de paz, indicando así su oposición a un plan de paz cuando ni siquiera se ha elaborado uno específico.

“Cuando la culebra del terrorismo siente que está asfixiada ahí mismo pide procesos de paz, para tomar oxígeno y volver a envenenar”,  declaró.

Mientras que Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, siga negándose a creer en procesos de paz y promueva activamente los conflictos dividiendo a las naciones y revirando responsabilidades, está claro que no puede haber ningún progreso hacia la paz. Pocos creen inminente un choque militar entre los dos países, pero la situación puede empeorar y llegar al borde de una guerra. El ejército estadunidense sigue ampliando su presencia en territorio colombiano mientras las empresas bélicas de E.U. cierran jugosos contratos y los contribuyentes de Estados Unidos pagan la cuenta de una política fracasada.

Millones de colombianos han sido desplazados por un conflicto que parece interminable. Las violaciones a derechos humanos y escándalos tales como los “falsos positivos” asesinados por el ejército colombiano despiertan las más graves interrogantes sobre los costos sociales de la guerra. La postura beligerante de Uribe ha avivado las tensiones con sus países vecinos, no sólo con Venezuela. El problema no se trata de ser “pro Colombia” o “pro Venezuela; se trata de cómo reducir el conflicto y la tensión en momentos de crisis.

¿Está Estados Unidos dispuesto a arriesgar la paz y la seguridad de la región simplemente para apoyar a Colombia y anotarse puntos contra Venezuela?

Laura Carlsen es directora del CIP Programa de las Américas.

Traducción: María Soledad Cervantes Ramírez